SUPERVISE, VIGILE, PERO CON TRANSPARENCIA

El pasado martes día 9 de enero  se publicaba la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo (tribunal ajeno a la Unión Europea), en la que cinco empleados despedidos de un supermercado por hurtar bienes de la empresa, señalaban que se habían vulnerado sus derechos fundamentales, esencialmente el derecho a la intimidad y a un proceso justo. La demanda iba dirigida frente a España.

Según se recoge en los hechos, la empresa instaló las cámaras de video vigilancia al detectar pérdidas de stock por un importe de entre 8.000 y 25.000 euros al mes. Al sospechar de sus empleados, instaló las mencionadas cámaras, unas de ellas previo aviso y en lugar visible, otras ocultas, sin avisar y enfocando a los empleados durante su desempeño profesional.

De los cinco trabajadores, tres alcanzaron acuerdos transaccionales en presencia de sus sindicatos, en los que la empresa se comprometía a no iniciar acciones penales a cambio de que los trabajadores no interpusieran demanda en sede social. Sin embargo, y como los ladrones no suele respetar lo pactado, todos los trabajadores demandaron por despido, que fue declarado procedente en la jurisdicción ordinaria, tanto en instancia como en suplicación.

Al no haber conseguido nada en sede judicial, más allá del pago de los honorarios de sus abogados, los trabajadores demandaron a España ante el TEDH. Este tribunal, tras estudiar el asunto, ha declarado vulnerado el artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Humanos porque el Estado no ha impedido que la empresa se entrometiera de modo desproporcionado en la privacidad de los trabajadores. Así entiende que las grabaciones fueron irregulares porque afectaron de forma indiscriminada a toda la plantilla, se realizaban durante entera jornada de trabajo y no se limitaron en el tiempo.

Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)

Además, tampoco se cumplió con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), al no informarse de forma previa, explícita, precisa y clara a los trabajadores de la instalación de cámaras ocultas.

El resultado de la sentencia fue indemnizar a cada trabajador con 4.000 euros, siendo los despidos ratificados por haber contado con un juicio justo.

La sentencia es relevante para las empresas que deben tener en cuenta esta doctrina cuando fiscalicen casos, por desgracia más presentes de lo deseado, de hurtos en sus centros de trabajo por empleados amigos de lo ajeno.

El elemento esencial en estos casos, la piedra de toque, como ya dijo el TEDH en el caso Barbulescu el pasado 5 de septiembre de 2017, es la aplicación del principio de proporcionalidad y, en este caso en particular, el carácter temporal y no permanente de la instalación del sistema de videovigilancia.

Nuestros tribunales, incluido el Tribunal Constitucional permiten que, cuando la cámara es temporal, es suficiente probar la existencia de sospechas y una mínima señalización para que la medida sea adecuada.

El TEDH considera por otra parte, que los empleados tuvieron un juicio justo y que los acuerdos de finiquito no se obtuvieron bajo coacción o amenaza de denunciar los hechos a la justicia penal, ya que tuvieron amplias oportunidades para impugnarlos y los tribunales españoles resolvieron todas las alegaciones formuladas y ofrecieron razones suficientes para considerar válido el consentimiento.

En definitiva, en toda relación laboral se debe exigir el respeto a la buena fe contractual y controlar su cumplimiento, más cuando existen sospechas de su vulneración. Ahora bien, se deben respetar en todo momento los derechos fundamentales de los trabajadores y en la medida de lo posible, evitar las tentaciones con sistemas de control y vigilancia explícitos.

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